
La respuesta es simple: porque en el texto del proyecto de la reforma tributaria el Gobierno plantea que se elimine la exención del impuesto de renta que los constructores derivan de los proyectos de Vivienda de Interés Social, ViS.
¿En la práctica qué quiere decir eso? Que al eliminarse la exención del impuesto se reducirá el margen de ganancia que perciben los constructores cuando desarrollan los proyectos habitacionales de interés social.
Un estudio sobre vivienda que presentó en marzo pasado el expresidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Hernando José Gómez, señala que la utilidad de las empresas constructoras en ese tipo de proyectos es hoy del 7 %, “pero con la exención del impuesto de renta que propone la reforma tributaria bajaría al 2 %, y eso no representa una ganancia real al constructor”, indicó, por su parte, Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda del gobierno Santos.
En consecuencia, “los edificadores le dirán adiós a los planes de vivienda que van dirigidos exclusivamente a las familias de bajos recursos económicos”, añadió.
En este momento los hogares colombianos más humildes cuentan con dos clases de vivienda a la que pueden aspirar a través de subsidios con las cajas de compensación, ambas consideradas de interés social.
Una de ellas es la VIP, que es Vivienda de Interés Prioritario, cuyo precio es de 70 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a unos $48 millones de hoy. La otra es llamada vivienda tope de VIS, que llega a los 135 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $93 millones.
Gracias a esas dos opciones y a los incentivos que perciben los constructores por desarrollar esa clase de proyectos habitacionales, el país ha logrado generar más techos propios y por ende más empleo y un mejor dinamismo en los créditos hipotecarios.
La actual presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramirez, afirmó que “eliminar este beneficio haría nula la posibilidad de ofertar nuevos proyectos de vivienda social y afectaría la ejecución de los programas de política pública, caso en el cual 230.000 subsidios estarían en riesgo de perderse. Esto corresponde al 77 % de los recursos que ha dispuesto el Gobierno para fortalecer la política integral de vivienda”.
¿Qué responde el Gobierno?
Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, el gremio de la construcción y el exministro Luis Felipe Henao están generando confusión con el proyecto de reforma tributaria.
Reiteró que el Gobierno Nacional le otorga beneficios a los empresarios del país, incluyendo los constructores, pero defiende los beneficios en la vivienda social.
Cárdenas insistió en que si bien el proyecto otorga unos incentivos a los empresarios, también elimina exenciones, pero en el caso de la vivienda los beneficios continuarán para los usuarios que aspiran a comprar casa o apartamento.
Leonardo Villar, presidente de Fedesarrollo y quien hizo parte de la comisión de expertos que estudió el proyecto, sostuvo que aún se está a tiempo para que los diferentes sectores económicos y productivos del país hagan sus comentarios y sus recomendaciones sobre el texto.